Anzar Atrar y David Karvala

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A las 4 de la madrugada del sábado 21 de agosto, las autoridades españolas se llevaron a Mohamed Abdellah —junto a una treintena de argelinos más— del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona y los deportaron. Esta fue una mala noticia para todos ellos, por supuesto. Pero a Abdellah, un activista argelino que había denunciado la corrupción en su país, lo buscaban las autoridades militares argelinas.

Abdellah vivía en Vitoria-Gasteiz con su esposa y sus dos hijos pequeños. Su detención el 12 de agosto, cuando iba a renovar su solicitud de asilo, provocó protestas entre la diáspora argelina en todo el mundo. La noticia de que el Estado español le había negado el asilo y lo había devuelto a los militares argelinos que lo perseguían provocó una ira generalizada.

Miremos el trasfondo de todo esto.

El Hirak

Argelia atraviesa su crisis política más grave desde que se independizó de la colonización francesa en 1962.

El 16 de febrero de 2019 marcó el inicio del movimiento conocido como el Hirak (movimiento en árabe), movilizaciones que se iniciaron en Kherrata en Cabilia, el territorio amazigh o bereber en el norte del Estado argelino. Estas protestas, rechazando la candidatura del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika para un quinto mandato y exigiendo una transición democrática real con la salida de toda la clase política actual, se extendieron rápidamente por todo el país.

Las protestas no han terminado, a pesar de la suspensión temporal provocada por la pandemia de la Covid. Hasta ahora han logrado la salida de Bouteflika y el encarcelamiento de muchos de sus ex ministros, pero no se ha producido la deseada transición democrática.

El núcleo duro del régimen, los altos oficiales militares, permanecen en el poder, ahora con una fachada civil. Ellos fueron los que gestionaron la elección de un nuevo presidente de la República —ningún otro que el mismísimo ex primer ministro de Bouteflika— con una participación del 39% o menos (en cifras oficiales) y alrededor del 0% en Cabilia.

Hubo concesiones menores, algunas reformas y la liberación de algunos activistas, pero esto no convenció a la gente. Mientras tanto, al descontento político hay que añadir ahora el empeoramiento de la situación socioeconómica de la mayoría de la población argelina, a causa de la caída de los precios del petróleo y la crisis creada por la pandemia.

En este contexto, la única respuesta del régimen ha sido incrementar la represión.

Represión

Como parte de esta represión, en mayo el gobierno colocó al MAK (Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia) y Rachad (un movimiento que incluye a figuras que anteriormente pertenecían al FIS, el partido islamista) en su lista de grupos terroristas. Se trata de organizaciones de la sociedad civil que juegan un papel clave en el Hirak, pero el régimen comenzó a perseguir a sus activistas y a encarcelarlos por pertenecer a una “organización terrorista”.

Este verano, incendios espectaculares han arrasado la Cabilia, causando la muerte de más de un centenar de personas, mientras las llamas devastaban numerosos pueblos. Las autoridades aprovecharon la situación para declarar en los medios nacionales que los incendios eran deliberados, y culparon al MAK y a Rachad del desastre. Según el Ministerio de Exteriores de Argelia, tal acto criminal no podría haber ocurrido sin la complicidad de Marruecos e Israel.

Todo esto creó una situación en la que una multitud en Cabilia linchó a un joven que había sido presentado por la policía como responsable de los incendios. Resultó que el artista y activista de 35 años, Djamel Bensmail, había ido a la región para ayudar a la población local.

Esta trágica muerte, en parte producto de la propaganda oficial, fue a su vez utilizada por el régimen para intensificar el ataque contra la oposición, emitiendo órdenes de arresto internacionales contra los líderes de Rachad y del MAK, acusándolos de terrorismo.

Con esto, justifican sus ataques a la oposición a la vez que ocultan su incapacidad para hacer frente a los incendios forestales. Argelia, la 59ª economía del mundo, es el sexto mayor importador de armas del planeta, ha aumentado sus importaciones de armas en un 64 por ciento en los últimos cinco años. Pero el país no cuenta con un solo avión capaz de combatir los incendios forestales que ocurren cada año, incendios que ahora están empeorando debido al cambio climático.

Discurso de odio contra Cabilia

El horrible linchamiento de Djamel también ha reforzado el clima de hostilidad contra la población cabiliana. Algunas personas en otras partes de Argelia piden abiertamente el genocidio contra esta región rebelde. La hostilidad hacia la Cabilia ha existido durante mucho tiempo, pero la unidad en la lucha del Hirak la había ido debilitando. Ahora está más claro que nunca que este odio se promueve desde dentro del propio régimen. Los políticos del sistema, los medios afines al régimen… todos intentan promover la división entre la gente de la Cabilia —que ha desarrollado una gran tradición de lucha contra los militares— y el resto de la población.

Esta reforzada ola de odio contra la Cabilia cristalizó en torno a un proyecto llamado “Cabilia cero” que tiene como objetivo eliminar y excluir a todos los cabilianos de sus cargos dentro del Estado. Incluso parece que en agosto de 2019 se realizó una especie de congreso para impulsar este programa, bajo la protección de la policía argelina, y donde los participantes se jactaban de contar con apoyo de las fuerzas armadas. Estos acontecimientos preocupantes se parecen al ascenso de la extrema derecha en Europa y EEUU.

Ante esta explosiva situación interna y el deterioro de los indicadores económicos del país, el régimen se prepara para lo peor y ha anunciado recientemente la ruptura de relaciones diplomáticas con el vecino marroquí, al que acusa de apoyar al MAK.

Con esta criminalización de la actividad política, el régimen de Argelia parece tener el objetivo de hacer que la situación se deteriore aún más, quizás incluso tratando de provocar violencia, un objetivo que le es más fácil reprimir, como lo hizo ante el desafío electoral del FIS en 1992.

Protesta por Mohamed Abdellah en París.

Denunciando la corrupción

Ahora volveremos al caso de Mohamed Abdellah.

Era miembro de la Gendarmería argelina, la rama de policía rural de las fuerzas armadas argelinas. Trabajaba con un helicóptero y sus funciones incluían la videovigilancia de la frontera de Argelia con Túnez, con la tarea de impedir el contrabando y cualquier otro tráfico ilegal.

Abdellah se dio cuenta de la enorme corrupción en la frontera, en la que a menudo estaban implicados altos mandos de la Gendarmería. Tras intentar, sin éxito, alertar a las autoridades, acabó contactando con activistas anticorrupción argelinos para denunciar en las redes sociales lo que estaba pasando.

Finalmente, temiendo por su vida si se descubría su identidad, abandonó Argelia el 8 de noviembre de 2018 para buscar asilo en el Estado español. Mohamed Abdellah continuó su campaña contra la corrupción en las redes sociales, obteniendo un seguimiento masivo entre la gente argelina en Facebook y YouTube.

En marzo de 2021, un tribunal argelino emitió órdenes de arresto internacionales contra cuatro personas a las que acusó de terrorismo y lavado de dinero. Una era Mohamed Larbi Zitout, un ex diplomático argelino que había renunciado a su cargo durante la guerra civil de la década de 1990 y se había ido a vivir a Gran Bretaña. Fue uno de los fundadores de Rachad y es muy activo en las redes sociales en apoyo del Hirak. Otro fue Mohamed Abdellah, que ya vivía en Vitoria con su familia.

Justo en ese período, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la “creciente represión contra los miembros del movimiento prodemocrático Hirak” en Argelia, y agregó que:

“Se están utilizando disposiciones vagamente redactadas en el Código Penal argelino para restringir indebidamente la libertad de expresión y enjuiciar a las personas que expresan opiniones disidentes… unas 1.000 personas han sido procesadas por participar en el movimiento Hirak o por publicar mensajes en las redes sociales que critican al Gobierno… al menos 32 personas se encuentran actualmente detenidas por el legítimo ejercicio de sus derechos humanos, y algunas de ellas se enfrentan a largas condenas mientras que otras continúan en prisión preventiva. También hemos recibido denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia, incluida violencia sexual.”

La esposa de Abdellah declaró más tarde que “mi esposo ha sido amenazado de muerte por el gobierno [argelino]… estas amenazas nos han incluido a mí y a mis hijos.”

Así que todo esto debería dejar bien claro que se trataba de un caso genuino que se merecía asilo político.

El Estado español deporta a activistas

Así, fue un golpe terrible para Abdellah cuando, en su visita para renovar su solicitud de asilo el 12 de agosto, le informaron de que su solicitud ya había sido rechazada, y de inmediato fue detenido y trasladado al centro de internamiento de migrantes (CIE) de Barcelona, pendiente de deportación.

La diáspora argelina comenzó a movilizarse muy rápidamente. Mohamed Larbi Zitout informó intensamente sobre el caso en su canal de YouTube, seguido por casi 800.000 personas, y hubo manifestaciones de protesta en diferentes ciudades, desde Francia hasta Canadá.

Activistas de los movimientos sociales de Barcelona fueron contactados por magrebíes involucrados en las redes en el Estado español ligadas a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR). Como era mediados de agosto, cuando los movimientos sociales están generalmente inactivos, y dada la urgencia, no hubo tiempo para consensuar una intervención ‘oficial’, pero aun así las redes de UCFR funcionaron bien de manera informal para establecer contacto con la familia de Abdellah en Vitoria-Gasteiz, y con abogados de derechos humanos, así como los movimientos específicos que trabajan contra los CIEs, en Barcelona.

El jueves 19 de agosto, la familia de Abdellah denunció que un grupo de internos en el CIE, y concretamente unos 30 argelinos, incluido Mohamed, habían sido sometidos a pruebas de PCR. Se entendió que se trataba de preparativos para su deportación inminente, y los internos se declararon en huelga de hambre, rechazando la expulsión y exigiendo su libertad.

Ese mismo día se envió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un llamamiento para que se adoptaran medidas cautelares urgentes para impedir la deportación de Abdellah. Al día siguiente, viernes 20 de agosto, el Tribunal respondió afirmando que ni siquiera habían puesto el caso ante un juez, ya que aún no existía una orden de expulsión definitiva.

Sin embargo, resultó que esa orden había sido emitida en Madrid esa misma mañana… pero solo fue entregada a la abogada de Abdellah por fax 1 minuto antes de las 22h, ese viernes por la noche.

Luego, como se explicó anteriormente, apenas seis horas después, a las 4 de la madrugada del sábado 21 de agosto, Mohamed Abdellah —junto con una trentena de internos argelinos más— fue sacado del CIE para ser deportado.

Los recursos urgentes de última hora ante el Tribunal Europeo y los tribunales de Madrid no prosperaron, y la siguiente noticia de Abdellah fue que estaba detenido en Argelia y que sería juzgado.

¿Valores europeos?

Exactamente la misma mañana en que Abdellah y los demás estaban siendo deportados, los líderes de la UE estaban elogiando a Pedro Sánchez por sus principios humanitarios en la acogida de refugiados. Se encontraban en una visita oficial a Torrejón, la base aérea militar de Madrid, que es la que se ha establecido como un centro de evacuación para los afganos que escapaban de Kabul.

Además, esa misma mañana, la policía antidisturbios española estaba siendo desplegada contra un grupo de 41 migrantes que habían logrado llegar a territorio español, la Isla de Tierra, una pequeña isla deshabitada dentro del enclave de Ceuta, en el norte de Marruecos. La ONG Caminando Fronteras denunció que la policía atacó a las personas migrantes y refugiadas con su equipo antidisturbios al completo, gas lacrimógeno incluido, a pesar de sus gritos de que estaban solicitando asilo. La mitad del grupo eran mujeres (tres de ellas embarazadas) o niños e niñas (incluidos bebés), mientras que varias personas procedían de países en conflicto armado.

Cuando el actual Gobierno español, la coalición del PSOE y Podemos, tomó el poder en junio de 2018, recibió un barco lleno de gente refugiada que había pasado semanas buscando un puerto. Sin embargo, a principios de 2019, el que se había presentado como “el gobierno más progresista de la historia de España” ya había olvidado sus promesas de acoger a los refugiados. Un factor fue sin duda el ascenso del partido ultra, VOX; como en muchos países, ante tales desafíos, los partidos institucionales prefieren copiar su racismo en lugar de combatirlo.

En los últimos meses ha habido una serie de acciones terribles contra personas migrantes y refugiadas por parte del Gobierno español: expulsaron ilegalmente a menores migrantes de Ceuta; se echaron atrás en el compromiso de regularizar a los y las jóvenes de origen migrante que habían crecido y cumplido los 18 años en residencias juveniles españoles; tienen una gran parte de culpa por las muertes en serie de miles de personas que intentan llegar a territorio español en embarcaciones precarias, consecuencia del cierre de las fronteras y de la ausencia de vías seguras para migrantes/refugiados. Incluso hubo una llamada por parte de decenas de movimientos sociales este agosto, con el hashtag #MarlaskaDimisión, exigiendo la renuncia del ministro del Interior implicado en estas acciones; el mismo ministro que fue en última instancia responsable de la deportación de Abdellah.

En el caso de Abdellah, el Gobierno español posiblemente tuvo un motivo adicional. Activistas de la oposición argelina señalaron que el acuerdo de gas entre el Estado español y Argelia —con creces su principal proveedor de este combustible— tenía que renovarse a finales de octubre de 2021. Pocos días después de la deportación de Abdellah, Argelia anunció que el suministro de gas a España no se vería afectado por el conflicto diplomático de Argelia con Marruecos, país por donde pasa un importante gasoducto. Parece que el contrato de gas se renovará sin problemas. En el momento de redactar este artículo, hay informes de que otros activistas argelinos han sido detenidos en el Estado español y se enfrentan a la deportación.

Otro punto importante es que, lejos de escandalizarse por el abuso de acusaciones de terrorismo contra activistas de movimientos sociales, el Estado español utiliza la misma táctica. El 20 de agosto, el fiscal de la Audiencia Nacional de España —organismo, recordemos, heredado de la dictadura franquista— anunció planes para acusar a diversas personas del movimiento independentista catalán de pertenencia a una organización terrorista. Tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, la mitad del gobierno catalán y los líderes de las dos organizaciones cívicas más importantes de Catalunya fueron encarcelados; el resto se había exiliado.

De modo que las acciones represivas del régimen argelino les debieron parecer razonables al gobierno español, mientras que cualquier preocupación que hubiese se desestimó a favor de los intereses comerciales.

Debates y confusiones

Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos humanos, no había lugar a dudas.

Lamentablemente, sin embargo, el tema sacó a la luz muchos problemas y confusiones.

Resultó que una parte del apoyo a Abdellah, al movimiento Hirak e incluso a la autonomía de Cabilia, procedía de partidarios de la monarquía marroquí. Esta fue una actitud cínica e hipócrita. Utilizaban el caso de Abdellah como venganza contra Argelia porque, con el mismo cinismo, Argelia afirma apoyar los derechos del Sahara Occidental, actualmente ocupado por Marruecos. Así que hubo tuits quejándose de que el Estado español había dado tratamiento médico al líder ‘terrorista’ del movimiento independentista del Sahara, el Polisario, mientras deportaban a Abdellah.

Afortunadamente, este punto de vista es muy minoritario; la mayoría de los y las activistas de origen marroquí en el Estado español son más que conscientes de que el régimen marroquí es tan antidemocrático como el de Argelia, y que no tiene sentido alinearse con uno ni con otro.

Por otro lado, algunos activistas argelinos de izquierdas se negaron a defender a Abdellah, alegando que éste era ‘islamista’. Por citar un comentario en Facebook: “el destino de alguien pro-Rachad no debería preocupar a los comunistas como nosotros”. Dejando de lado la cuestión de si Abdellah puede calificarse o no de ‘islamista’, esta actitud refleja un grave problema que azota a la izquierda desde hace décadas.

El activista egipcio Hossam El-Hamalawy escribió un artículo clave en 2007, titulado Compañeros y hermanos (“Comrades and Brothers”), con el subtítulo: “Dando la espalda a las malas relaciones que separan a sus mayores, jóvenes activistas de la izquierda radical egipcia y de los Hermanos Musulmanes están colaborando en el campus y en las calles”. Cuatro años después, esa colaboración haría posible las protestas unitarias de Plaza Tahrir en 2011 que desencadenaron la revolución egipcia. A pesar de la derrota (hasta ahora) de ese movimiento, esa colaboración entre la izquierda revolucionaria, la izquierda nacionalista árabe y las organizaciones islamistas tiene lecciones que deberían aprenderse en toda la región.

Especialmente en Argelia, con la trágica historia de la guerra sucia impulsado por el Estado argelino en la década de 1990, es esencial que los y las activistas de izquierda se den cuenta de que pueden tener muchos puntos en común con activistas inspirados en el islam político, y que las luchas conjuntas por la democracia y la justicia social son posibles, incluso necesarias… al lado y como parte de la construcción de una izquierda independiente.

Solidaridad, no caridad

Y, finalmente, las circunstancias de la deportación de Mohamed Abdellah por el Estado español contienen una lección muy importante para los y las activistas en Europa.

Mucha gente ha tendido a ver el trabajo de derechos humanos como algo que la gente puede hacer desde una posición de “privilegio”. Actuando desde países donde se respetan los derechos humanos y nunca suceden cosas malas, pueden llevar a cabo campañas de apoyo a los menos afortunados, como una especie de acto humanitario o caritativo.

Este caso es un ejemplo de cómo, a pesar de las evidentes diferencias que existen entre diferentes países, todas y todos nos enfrentamos, en un grado u otro, a muchos de los mismos problemas fundamentales. El Estado español, Estado miembro de la Unión Europea, tiene presos políticos y utiliza falsas acusaciones de terrorismo para intentar silenciar a la oposición política; otros Estados europeos no son mejores.

Mohamed Abdellah se vio obligado a solicitar asilo; lo mismo le podría pasar a cualquier activista que cuestione el statu quo. Si los políticos institucionales que formaban el Govern de Catalunya pudiesen acabar pasando más de 3 años en prisión por llevar a cabo las políticas por las que fueron elegidos, ninguna actividad en los movimientos sociales está libre de riesgos.

Esa no es una razón para dar marcha atrás, más bien debería llevarnos a ver que, norte y sur, este y oeste, formamos parte de una lucha común por la democracia y la justicia social. En palabras del movimiento Occupy en USA, inspirado en el movimiento 15M en el Estado español, que a su vez se inspiró en la “primavera árabe” de 2011, somos el 99% que lucha por nuestros derechos contra el 1% que nos ha llevado al actual desastre mundial multifacético.

Las luchas en Argelia son parte de esa lucha y son importantes para todos y todas nosotras.


Anzar Atrar es un activista de Cabilia que actualmente vive en Madrid. David Karvala es un activista de los movimientos sociales en Barcelona y participa en Tadamon.

Este artículo se escribió para MENA Solidarity Network el movimiento hermano de Tadamon en Gran Bretaña.

Los artículos firmados en esta web representan la opinión de sus autores.

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